El 26-M, marcado por los diputados procesados y la polémica decisión de Batet

El panorama político se presenta complejo. Las elecciones autonómicas, municipales y europeas se celebran el próximo 26 de mayo. La campaña electoral casi alcanza su final al tiempo que la polémica está servida con relación a los políticos presidiarios en las Cortes Generales (Congreso y Senado). La premeditada situación que vivimos ahora ha sido deliberadamente llevada a cabo en el seno independentista con el fin de enmarañar la agenda política y más si cabe si nos separan escasamente 3 días del “superdomingo” electoral.  Poner en jaque al Ejecutivo socialista en funciones y al futuro Gobierno que salga de la presumible investidura de Sánchez ha sido el objetivo primordial de los soberanistas, que, con creces, están alcanzando cotas importantes de desestabilización política, su mayor y única pretensión.

La campaña electoral del 26-M se ha desarrollado con mayor quietud y sin tantas declaraciones mordaces e insultantes en comparación con la efectuada en los comicios generales, que adquirió un carácter casi incendiario en el cruce de increpaciones entre el bloque de derechas, comúnmente conocidos como el “trifachito”, y el bloque de izquierdas. De todos modos, el nivel de ridículo exhibido también es notable. La bipolaridad de los bloques antagónicos ha dejado actuaciones un tanto grotescas. Desde el candidato a la alcaldía de Madrid, Martínez-Almeida intentando borrar sin éxito grafitis en contra de la policía al estrambótico beso entre Manuela Carmena e Iñigo Errejón, ambos candidatos a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid por la nueva marca electoral independiente Más Madrid, respectivamente.

La por ahora no aplicada Ley de Enjuiciamiento Criminal

Pero, como se ha apuntado, el hecho que ha impregnado estos últimos días de campaña ha sido la suspensión de los políticos enjuiciados y en prisión preventiva a causa del proceso secesionista. Recientemente, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que “deben proceder a la aplicación inmediata” del precepto legal que obliga a la suspensión de los presos del ‘procés’ que han obtenido escaño.

El Ministerio Público, en un escrito, solicita al tribunal del ‘procés’ que impulse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quede “automáticamente suspendido” de sus funciones.

Dos requisitos que convergen en este caso y que provocan, según la Fiscalía, que ambas cámaras tengan que “proceder a la ejecución sin más trámites de la medida de suspensión“. Tras esta petición, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha trasladado al Supremo la decisión sobre qué hacer y cómo actuar con los procesados independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Raül Romeva. En pocas palabras, ha pedido aclaraciones al Tribunal Supremo. Asimismo, la Fiscalía ha remitido este escrito un día después de que, todos ellos en prisión preventiva, adquiriesen la condición de parlamentarios, y antes de que se convoquen las mesas de ambas cámaras para analizar si es pertinente la suspensión.

Por otra parte, la petición la firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Dicho requerimiento aboga por la suspensión de funciones de los cinco parlamentarios, sin tener que acudir a ninguna interpretación del Reglamento de las Cámaras, que era la opción que había apuntado el alto tribunal en el auto que expidió la semana pasada a la Cámara Alta y a la Baja de las Cortes.

La división de poderes y la subsiguiente negligencia política

Caben varias preguntas al respecto. La primera, ¿existe la división de poderes? La teoría político-filosófica de Montesquieu que arguye que “todo hombre [toda persona, se entiende] que tiene poder se inclina a abusar del mismo; […] hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Lo acaecido supone toda una intromisión del poder judicial en el poder legislativo y viceversa. Se supone, que, en teoría, el Legislativo diseña y crea las leyes mientras que el Judicial se encarga de administrar e impartir justicia.

Todo correcto, pero esto nos lleva a la segunda y última cuestión: ¿podrían ser suspendidos los políticos presos sin la necesidad del criterio del Tribunal Supremo? Por supuesto, exclusivamente aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya serían suspendidos sin el consentimiento expreso del alto tribunal. La normativa del Congreso y del Senado lo establece, como se ha expuesto con anterioridad. Por tanto, no es menester consultar a ningún órgano competente, sino que es competencia exclusiva de las Cortes hacer realidad el art. 384 bis de la “LeCrim” y permear la suspensión de los diputados y senadores enjuiciados.

La razón por la que Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado actualmente, no ejecuta directamente sin cortapisas la ley es debido a que es una decisión impopular en lo referente a la relación entre el Partido Socialista y los secesionistas electos, que está abocada al entendimiento, al diálogo y a la convivencia. El pulso entre el Supremo y las Cortes es claro, ninguna de estas instituciones quiere errar en los momentos iniciales de la XIII Legislatura. A pesar de que estos últimos traten de hacer lo posible y lo imposible por dificultar y poner en aprietos al Ejecutivo. Batet y Manuel Cruz, el recién elegido presidente del Senado, son políticos competentes y hábiles, además de reconocidos federalistas. Aun así, la decisión de Batet se puede calificar de negligente por todo lo expuesto.

Sin embargo, se ha producido un fenómeno que ya ha dejado de ser singular por su asiduidad: la determinación de pasar la “patata caliente” al TS denota que la política territorial del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), partido autonómico del PSOE, arrastra a la formación política de ámbito nacional y la impregna de las tesis del PSC, que no debieran ser aplicables en el conjunto del país.

Una posible investidura después del 26-M

Todo ello, puede tener como consecuencia directa que, en el caso de que los diputados procesados independentistas sean suspendidos y no sean reemplazados en un breve plazo por sus partidos Junts Per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republica de Catalunya (ERC), el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso bajaría a 174 y Pedro Sánchez podría ser investido en la primera vuelta sin el apoyo parlamentario de los independentistas. La base de este planteamiento es que los escaños de los presidiarios catalanes separatistas quedarían sin ocupar, y, por tanto, sin representación alguna.

Una investidura que se puede cocinar en el seno de una situación de inestabilidad política y por las circunstancias aleatorias y proclives que se pueden llegar a dar. La posibilidad de que Sánchez sea investido como presidente del Ejecutivo casi sin pretenderlo de ese modo, es posible que se facilite gracias a los independentistas, que tarde o temprano, acabarán suspendidos de sus funciones, pero no de su cargo, hasta que se acometa una resolución del juicio del ‘procés’ y se dicte sentencia.

En un contexto de final de la campaña de las elecciones autonómicas, europeas y municipales que dibujarán el camino político de cada uno de los partidos y harán que se vislumbre como un haz de luz una posible solución a todo lo acontecido, que dista mucho de poseer una solución sencilla.  El devenir de este país se va a determinar por lo que suceda en sendos comicios, que el plano europeo, autonómico y local, anunciará los futuros gobiernos y los cargos de responsabilidad en dichos ámbitos. La esperanza es que la participación vuelva a ser elevada, no se prevé que tanto como en las generales, pero tan alta como para reflejar el sentir de la sociedad española.

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