El ‘procés’: la historia interminable


El presidente de la Generalitat Quim Torra, saluda a los líderes independentistas acusados por el proceso secesionista. Oriol Junqueras, Santi Vila y Carles Mundó se muestran impasibles y no se giran para devolverle el saludo. Fuente: Emilio Naranjo (EFE)

Martes 12 de febrero de 2019. Comienza uno de los juicios más trascendentales de la historia reciente de España: el juicio al proceso secesionista que culminó en la estrambótica declaración e instantánea suspensión unilateral de independencia de aquel ya lejano 10 de octubre de 2017. Los procesados se dirigen hacia el Tribunal Supremo, colindante a la Plaza de la Villa de París, en Madrid. En este lugar hay una gran expectación por todo lo que puede acontecer, por las consecuencias que puede tener en el proceso político secesionista y mayormente, por los comicios generales, que están a la vuelta de la esquina tras los últimos acontecimientos. Allí se concentran tanto gentes que se “solidarizan” con los políticos independentistas, de claro signo sedicioso en su mayoría, como extremistas de derecha en pro de la unidad de España.

Los acusados son Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs. Todos ellos líderes del movimiento soberanista. La mayoría ‘exconsellers’ de la Generalitat, exceptuando a ‘los Jordis’, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidente de Òmnium Cultural y expresidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), respectivamente.


Peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a los acusados por el ‘procés’. Fuente: El Periódico de Catalunya

Ya en el interior del Supremo comienzan los preparativos del juicio oral.  Se esgrimen las cuestiones previas donde las partes alegan aspectos de índole procesal. En primera instancia, el magistrado Manuel Marchena defiende las garantías judiciales, la adecuación al orden jurídico europeo y el cumplimiento de los parámetros de calidad democrática. Los representantes del Estado se afanan en efectuar múltiples referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender la instrucción. Son sabedores de que los separatistas recurrirán a dicho tribunal.

En este punto se pone de relieve larvadamente que la presente acusación judicial no es un juicio político sino uno penal. O lo que es lo mismo: no se juzgan ideas políticas y sí acciones. A pesar de que las defensas de los separatistas se mantengan en la posición de apelar a las emociones y a la libertad de expresión. Pero aquí lo que se ha vulnerado no son las libertades y derechos fundamentales. Por el contrario, se ha quebrantado el marco legal y jurídico.

En aquel mes de octubre de 2017 se cometieron presuntas tropelías ilegales de diverso tipo: delitos de rebelión, sedición, distracción ilegal y malversación de caudales públicos y finalmente, un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública. El más difícil de demostrar es el delito de rebelión. En el Código Penal se recoge dicho delito basado “el alzamiento con violencia y públicamente para conseguir una serie de fines que van desde derogar, suspender o modificar la Constitución, despojando al Rey o Regente de todas o parte de sus funciones o prerrogativas”. Violencia como tal no hubo. Eso está claro. Confiemos en el supuesto buen hacer de la justicia y su presunción de independencia frente al poder político.

A colación de estos argumentos, es necesario destacar la intervención del fiscal Zaragoza. Primero, se encargó de desmontar el argumentario de los acusados arguyendo que su objetivo es meramente pretender sentar al Estado en el banquillo con el sofisma de que es un juicio político. Seguidamente, proclamó que este es un juicio en defensa de la democracia. Durante una hora, el fiscal demostró de manera efectiva que España no es país menos democrático que los de su entorno. 

Asimismo, del repetido hasta la saciedad derecho de autodeterminación dijo que es una idea legítima, mientras se defienda por los cauces constitucionales. Para ello, se necesitaría que por una mayoría de 3/5 en las Cortes (Congreso y Senado) se aprobara un referéndum de independencia de Cataluña en el que votarían no exclusivamente los propios catalanes, sino el conjunto del pueblo español. A continuación, tendría que ser ‘de facto’ ratificado por el cuerpo de la nación española para poder ser viable la independencia, algo que, a día de hoy, sin una mayoría suficiente en las Cortes, es altamente improbable.

Y es que lo que no llegan a entender los catalanes separatistas es que de esta manera se le está arrebatando la soberanía al pueblo de España. Otra cuestión que hay que formular al respecto es si alguien quiere que una comunidad que aporta tanto a España y viceversa se vaya. Mas el debate respecto al asunto correspondiente es baldío y ya está bastante superado con el curso actual de los acontecimientos.

Por supuesto, el fiscal Zaragoza no se equivoca. El derecho a autodeterminarse de una nación no está reconocido en la Constitución. Este derecho reconocido por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no se prevé para estados democráticos, como es el caso del Estado español.  Está diseñado para naciones (según la Constitución Española de 1978 Cataluña no es una nación sino una nacionalidad) invadidas por un colonialismo evidente con un arraigo identitario histórico, lo cual no es el caso para nada. Por ello, las pruebas evidenciadas a través de este razonamiento son del todo insuficientes.

El juicio a los responsables del ‘procés’ se está desarrollando en un marco de inestabilidad política. La primera fuente de inestabilidad: la denegación de los Presupuestos Generales del Estado.  El veto a los PGE de 2019 tiene más consecuencias políticas que estrictamente económicas, las cuales fundamentan las partidas del documento.  Este factor nos lleva a la siguiente fuente de oscilación: las presumibles elecciones de 2019 ya mencionadas anteriormente. La premisa que sustentaba al Gobierno Sánchez es la aprobación de los presupuestos. Con su derrumbe, es patente que las elecciones probablemente se celebrarán el 28 de abril. De forma casi segura según algunos diarios, el presidente Pedro Sánchez las anunciará el viernes 15 de febrero, es decir, en el día de mañana.

Culminando la tercera de las fuentes de vaivén político: el “semi-fracaso” de la manifestación de Colón en contra de Pedro Sánchez convocada por PP y Ciudadanos, a la que posteriormente se sumaron formaciones políticas como Vox o Falange Española. A esta expresión de protesta ciudadana acudieron 45.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Por su parte, los organizadores y convocantes estimaron la cifra en 200.000. Quizá el número verdadero se encuentre entre los dos datos. Pero yendo al aspecto puramente político, en esa manifestación las derechas exhibieron músculo frente al gobierno actual a raíz de la propuesta del Gobierno de entablar un diálogo con la Generalitat con la figura del “relator”, mal explicada y abiertamente criticada por los socialistas. Es cristalino que es un motivo que carece de importancia y únicamente se convocó la manifestación con un objetivo electoralista, para infundir miedo en el gobierno actual y movilizar al electorado más reaccionario.

Todo ello, en un contexto en el que es muy complicado que no influya el juicio a los gerifaltes del proceso catalanista en los sucesos políticos que van a acontecer. Mientras tanto seguiremos siendo testigos de un nuevo episodio de una evolución política que puede ser calificada como interminable.

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